En 2007 nace la Ley 26/2007 de 23 Octubre de Responsabilidad Ambiental con el objetivo de regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales de conformidad con el Articulo 45 de la Constitución y con los principios de “quien contamina paga y repara”.
Proteger de daños a las especies silvestres y a los hábitats, aguas (superficiales, subterráneas, costeras, ribera del mar y de los ríos), y el suelo quedando expresamente excluidos de su ámbito los daños tradicionales que afectan a los particulares y a sus propiedades.
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